Genaro García Luna, uno de los hombres más poderosos de México, enfrenta un juicio en Estados Unidos bajo los delitos de narcotráfico, pertenencia a una organización criminal, y emitir declaraciones falsas. Es el más alto exfuncionario mexicano en ser juzgado en Estados Unidos, por el mismo tribunal que daría cadena perpetua a Joaquín “el Chapo” Guzmán: el tribunal de Nueva York.

Pero más allá de lo que conocemos sobre García Luna, y que culmina con su juicio en Estados Unidos, este texto retrata su conexión con desvíos millonarios desde empresas privadas tecnológicas en adjudicación directa, software de espionaje, cómo estas herramientas terminaron al servicio del crimen organizado desde entidades gubernamentales y la demanda en México por parte de la UIF por robar al erario mexicano 746 millones de dólares.

El ex secretario de seguridad pública mexicano, Genaro García Luna, fue arrestado en diciembre de 2019 en los Estados Unidos, por cargos de narcotráfico y corrupción. Desde entonces, han surgido detalles sobre la posible colaboración de García Luna con el cártel de Sinaloa mientras ocupaba su puesto en el gobierno mexicano. Además, se ha revelado que el software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y políticos. En este artículo, se analizará cómo el acceso al software de espionaje Pegasus por parte del crimen organizado y su uso por parte del gobierno pueden tener consecuencias graves para la democracia y los derechos humanos.

García Luna y su ascenso entre gobiernos

El graduado en ingeniería fue reclutado en 1989 como investigador del CISEN y desde entonces escaló tanto entre corporaciones como entre partidos hasta encabezar la fallida guerra contra el narcotráfico.

Fue secretario de seguridad pública de México durante el gobierno del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012 y durante su mandato, México enfrentó una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico, con miles de muertes y desapariciones en todo el país.

En diciembre de 2019, García Luna fue arrestado en Texas por cargos de conspiración para traficar cocaína y falsas declaraciones. Desde entonces, se han revelado detalles sobre su posible colaboración con el cártel de Sinaloa mientras ocupaba su puesto en el gobierno mexicano.

También se ha sugerido que su estrategia de seguridad pública se centró en debilitar a los cárteles rivales del cártel de Sinaloa, en lugar de combatir el narcotráfico.

El acceso al software de espionaje Pegasus

El software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, se comercializa a gobiernos y agencias de inteligencia de todo el mundo y puede instalarse en dispositivos móviles lo que le permite espiar llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones.

En 2017, se reveló que el gobierno mexicano había utilizado el software de espionaje Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos, lo que permitió a los espías tener acceso a toda la información almacenada en los dispositivos.

En un informe de 2019, Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto, identificó varios intentos de espionaje utilizando el software de Pegasus en México y otros países de América Latina.

En ese mismo año, la periodista Peniley Ramírez dio a conocer que el ex secretario de Seguridad Pública de México (SSP), Genaro García Luna, utilizó herramientas de vigilancia adquiridas por el estado con fines personales.

A través de la empresa ICIT, ubicada en Polanco, el personal de la SSP utilizó el software NiceTrack para obtener información en tiempo real sobre la ubicación de sus objetivos, información que García Luna comercializó para beneficio propio.

De acuerdo a documentos obtenidos por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, mediante solicitudes de acceso a la información, la SSP adquirió el sistema de rastreo de teléfonos móviles NiceTrack Location Tracking System en 2009 a través de tres contratos por adjudicación directa a la empresa NICE Systems Lyd por 69 millones de dólares.

El representante legal de NICE Systems era Samuel Weinberg, un empresario israelí que entabló amistad con García Luna al inicio de su carrera cuando este último era aún empleado del CISEN.

Samuel, junto con su hijo Alexis, se dedican a la comercialización de tecnologías de vigilancia israelíes en América Latina.

Además, R3D encontró facturas y contratos por adjudicación directa, celebrados con la empresa panameña Nunvav Inc. en 2011 y 2012, para la adquisición de tecnologías de vigilancia.

Tras la detención de García Luna en EE. UU., el gobierno mexicano congeló 11 cuentas bancarias relacionadas con el ex secretario y sus allegados, incluyendo las de Samuel y Alexis Weinberg. La Unidad de Inteligencia Financiera les acusa de crear una red de empresas ficticias, con Nunvav e ICIT en el centro, para depositar 50 millones de dólares en cuentas bancarias alrededor del mundo.

Se afirma que Nunvav transfirió fondos a dos empresas de los Weinberg (ICIT Private Security México SA de CV e ICIT Holding S.A. de C.V.), así como a GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC, compañía propiedad de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Al final de su mandato como secretario de Seguridad Pública, García Luna firmó en 2013 un contrato entre su empresa GL & Associates Consulting (GLAC) y la panameña Merchant Maritime Agency, (compañía que sólo existe en papel), representada por el secretario y tesorero de Nunvav, Roberto Silvestri. En este contrato, Merchant se compromete a pagarle 50 mil dólares mensuales a García Luna.

Otro contrato, celebrado en 2015 entre Nunvav y Delta (una empresa registrada por García Luna, con su esposa Linda Cristina Pereyra como presidenta), indica que el exfuncionario recibió pagos por 160 mil dólares al mes por concepto de consultoría.

La utilización de Pegasus por parte del crimen organizado

Se cree que el crimen organizado ha utilizado el software para espiar a sus rivales y a cualquier persona que representara una amenaza para sus actividades. El acceso a información privilegiada sobre las operaciones policiales y las investigaciones judiciales también podría permitir al crimen organizado evitar la detección y el arresto.

Consecuencias graves para la democracia y los derechos humanos.

La utilización del software de espionaje Pegasus por parte del gobierno y el crimen organizado en México tiene graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos.

En primer lugar, el espionaje a periodistas y activistas socava la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión. Si los periodistas y activistas no pueden realizar su trabajo sin temor a ser espiados o atacados, se corre el riesgo de limitar el acceso a la información y la capacidad de la sociedad civil para denunciar la corrupción y los abusos de poder.

En segundo lugar, la utilización del software de espionaje por parte del crimen organizado representa una amenaza para la seguridad pública y el Estado de derecho. Si los cárteles tienen acceso a información privilegiada sobre las operaciones policiales y las investigaciones judiciales, es más probable que puedan evitar la detección y el arresto. Esto puede conducir a un aumento de la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas.

En tercer lugar, el uso del software de espionaje por parte del gobierno para espiar a ciudadanos sin una orden judicial es una violación del derecho a la privacidad. El acceso a información personal y confidencial puede utilizarse para chantajear y amenazar a las personas o para desacreditar a los oponentes políticos.

Finalmente, la colaboración de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado socava la confianza en las instituciones democráticas y debilita el Estado de derecho. Si los ciudadanos no confían en que las autoridades actúen en interés de la sociedad, es menos probable que participen en la vida política y más probable que apoyen medidas autoritarias para garantizar su seguridad.

Conclusión

La utilización del software de espionaje Pegasus en México representa una amenaza para la democracia y los derechos humanos. La colaboración entre funcionarios gubernamentales y el crimen organizado debilita el Estado de derecho y socava la confianza en las instituciones democráticas. Además, el espionaje a periodistas y activistas ataca directamente a la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión, mientras que el acceso a información privilegiada por parte de grupos externos, representa una amenaza para la seguridad pública.

Es necesario que se tomen medidas para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y que los funcionarios gubernamentales y el crimen organizado sean responsables de sus acciones.

Basar nuestras decisiones basados en políticas públicas que justifiquen nuestros gastos es una opción para evitar que cosas como estas sucedan en un futuro.