Hace 15 años, la situación de inseguridad que vivía el país fue terreno fértil para el surgimiento de la Guardia Nacional (GN), por lo menos, como la conocemos ahora. Durante ese lapso, mucho se ha dicho sobre su constitución, los elementos que la conforman, sus funciones y la institución que debería comandarla. El objetivo de esta entrada es clarificar esos puntos, en el marco del recién anuncio de la presidenta electa de México respecto de su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 2006, el recién presidente electo Felipe Calderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán, consistente en poner militares en las calles para combatir el narcotráfico. Sí, hablamos del primer capítulo de la tan sonada guerra contra esta actividad ilegal. Sin embargo, comenzó como una estrategia sin claridad en relación con sus objetivos, límites geográficos o de tiempo, y sin ningún tipo de control civil. Pese a ello, catapultó la participación de los militares en tareas de seguridad pública, aunque sin un marco legal que las regulara, llegando a consolidarse entre 2013 y 2018 un estado de fuerza de 36 mil policías militares disgregados en las 12 regiones militares de México.
Las presiones por un marco legal que regulara las operaciones de esta fuerza orillaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2017, la cual fue declarada inconstitucional en noviembre de 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos meses antes, el presidente electo Obrador anunciaría la creación de una Guardia Civil que implicaba una propuesta de reforma al Ejército una vez asumiera su cargo, pero eso se logró hasta 2019.
En mayo de 2019 mediante la Ley de la Guardia Nacional se creó esta fuerza de seguridad. De acuerdo con esta ley, es “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional” anexa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante, en la práctica, la comandancia de la Guardia Nacional, así como todas las posiciones de mandos, se otorgaron a personal militar, mientras que a las fuerzas armadas se les asignaron el reclutamiento, capacitación y equipamiento de los elementos del nuevo cuerpo de seguridad pública.
Las tareas de la Guardia Nacional no pueden ser ejecutadas por el personal militar, por esta razón, la Ley de la Guardia Nacional establece que los policías militares y navales adscritos a esta deben ser separados de su fuerza armada de origen y recibir la capacitación correspondiente.
La Guardia Nacional comenzó a operar en julio de 2019 sin un estado de fuerza propio, por lo que este se conformó por 35 mil policías militares adscritos desde el ejército, 5 mil 500 policías navales y 2 mil 400 policías federales que voluntariamente se pasaron a la GN. Además, aun cuando se comenzó una jornada de reclutamiento, los nuevos elementos fueron dados de alta como policías militares y navales en las fuerzas armadas.
En abril de 2020, mediante dos acuerdos se formalizó la cesión de los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Por otro lado, a pesar de la existencia administrativa de la GN, la mayoría de sus recursos (incluyendo el personal reclutado) se adscribieron a las fuerzas armadas.
En 2020, se logró un máximo histórico de personal militar desplegado en tareas de seguridad pública y se definió la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública hasta marzo de 2024, lapso que en 2022 se extendió hasta 2028.
Actualmente, el número de elementos que conforman la Guardia Nacional son 128 mil 223:
De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, las funciones más importantes de esta institución son:
El trabajo de la Guardia Nacional, independientemente del contexto en el que vio la luz, es reconocido por los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 78.4 por ciento de los ciudadanos consideró efectivo el desempeño de esta fuerza de seguridad. Además, el 79.6 por ciento consideró que tiene la disposición de ayudar en una situación de inseguridad o delincuencia. Por otro lado, el 80.1 por ciento respondió que le inspira mucha o algo de confianza.
En 2022, comenzaron los intentos de reformas para ceder el control de la GN a la Sedena, pero fueron en vano porque un juez emitió una resolución a favor de uno de los 53 amparos contra dicha transferencia. De ahí que, al día de hoy, todavía se busque materializar la misma, tal como lo anunció Claudia Sheinbaum en días recientes.
A pesar de los desafíos legales y operativos, la Guardia Nacional ha demostrado ser una institución fundamental para la seguridad pública en México. Su alto nivel de confianza y percepción positiva entre la ciudadanía respaldan su efectividad. Esperamos que la posible incorporación a la Sedena contribuya a su fortalecimiento y adaptación a las necesidades del país.
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María Luisa Guzmán Vázquez
Redactor en EXPOSTFan from hell de The Office, Bowie y de los michis. Mamá de tiempo completo. Aspirante a escribir cuentos cortos y correr un maratón. Alguien me dijo que si fuera música sería post-punk.
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