El estado de la seguridad pública es un tema que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. El incremento general de los delitos cometidos modifica el comportamiento de la gente provocando que, por ejemplo, eviten salir por las noches, cambien su domicilio, destinen recursos a la contratación de sistemas de seguridad privada, entre otras cosas; pero sobre todo, ocasiona que las personas observen con recelo el actuar de las instituciones procuradoras de justicia.

En este contexto nace el Modelo Nacional de Seguridad Pública y Justicia Cívica, presentado en 2019 en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública bajo la batuta de Andrés Manuel López Obrador (Instituto para la Seguridad y la Democracia [Insyde], 2019), pero ¿en qué consiste este modelo?

Hay que empezar diciendo que el modelo busca fortalecer a los actores del Estado que guardan una relación más cercana con los ciudadanos, es decir, a las policías municipales y estatales; asimismo, pretende articular de manera efectiva la cooperación entre estas y la Guardia Nacional en aquellos municipios más poblados y cuya capacidad institucional lo requiera (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020).

En otros términos, se pretende dejar atrás la imagen de la policía represora, para dar paso a la de una autoridad que realmente facilita la vida social, a través de acciones concretas encaminadas al desarrollo pleno de las funciones y facultades de las policías y, por supuesto, a disminuir la inseguridad.

Para mejorar el desempeño de la policía, entre otros aspectos, el modelo propone una metodología para definir el estado de fuerza idóneo de cada municipio, establecer turnos de trabajo de 10 a 12 horas laborales por 24 horas de descanso, con el fin de lograr el desarrollo de la máxima capacidad y la vida familiar de la policía; así como reforzar las habilidades para la solución de problemas y el factor de proximidad social, mediante el Programa Rector de Profesionalización.

Por su parte, para disminuir la inseguridad, el modelo acentúa la prevención del delito utilizando como vía el desarrollo de un Sistema de Justicia Cívica y de programas de trabajo en beneficio de la comunidad. Detrás de esta estrategia yace la certeza de que la principal fuente de inseguridad pública está en las faltas administrativas y delitos factibles de atender por los policías locales y la Justicia Cívica.

Bajo esta línea, la Justicia Cívica implica solucionar conflictos por medio de intervenciones realizadas oportunamente para evitar que los problemas sociales trasciendan a delitos. Este componente, por lo tanto, pone particular atención en conductas de riesgo como alcoholizarse o drogarse en la vía pública, participar en riñas o conducir alcoholizado, sancionándolas con multas, arrestos y, especialmente, con trabajo comunitario.

Este último, incluye programas orientados al reconocimiento del daño provocado por la falta, la compensación a la sociedad de este al recibir terapias o efectuar tareas a favor de la sociedad, así como la observación de las personas conflictuadas con la ley para precaver la reincidencia o el escalamiento a actividades delictivas.

En síntesis, con el Modelo Nacional de Seguridad Pública y Justicia Cívica las funciones policiales se reconfiguran, abarcando la atención a víctimas, la recepción de denuncias y la investigación, entre otras.

Vale la pena resaltar que, para el tránsito del modelo anterior a este, se requiere medir y evaluar el desempeño de los cuerpos policiales con base en resultados y un sistema de financiamiento sostenible, componentes sobre los cuales también hace relieve el modelo en cuestión.

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