Piensa en una mujer con cáncer de mama, quien a causa de este tiene metástasis cerebral, pues los tratamientos no fueron efectivos, sin la posibilidad de la eutanasia legal. De un día para otro, comienza a tirar todo lo que intenta agarrar, el celular, la taza para el café, los libros…

El médico le da a la paciente tres meses de vida, pero puede ser más o puede ser menos. Resulta entonces que su agonía se prolonga un año, sus familiares la ven como una vela que poco a poco se va apagando, mientras ella ha dejado de disfrutar lo que anteriormente le daba placer o, simplemente, sentido a su vida. Aun cuando recibe tratamiento paliativo, sabe que en algún momento dejará de comer de forma natural, probablemente lo haga mediante una sonda nasogástrica o por un tubo flexible a través de la pared abdominal, sabe que no podrá respirar y terminará muriendo asfixiada si no la conectan a un respirador.

Esa es solo una parte del martirio soportado por la mujer, pues cualquier persona que deje de moverse y adelgace de manera constante durante tres meses, está condenada también a las llagas y otros detalles no menos incómodos que, sin lugar a duda, «restan» dignidad a su vida. Esta persona prefiere morir que seguir viviendo de esta manera; no obstante, requiere ayuda para asegurar una muerte tranquila si lo decide así. En México, como en muchos países del globo esta ayuda es negada.

De acuerdo con la Ley General de Salud «Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables […]» (H. Congreso de la Unión, 2020, p. 78).

La eutanasia y el suicidio asistido son dos variantes de la muerte médicamente asistida. En la primera, el médico es quien termina con la vida del paciente que prefiere morir a vivir con el sufrimiento –el cual no tiene alivio– causado por su enfermedad –la cual no tiene cura–; por su parte, en el segundo, el auxilio del médico se limita a brindar al paciente los medios para que este sea quien cause su muerte (Álvarez, 2018).

A favor y en contra de la eutanasia

Existen argumentos predominantes entre quienes se muestran a favor y en contra de la eutanasia. Quienes están convencidos de la necesidad de esta práctica, sostienen que debe permitirse al paciente finiquitar sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permitan llevar una vida digna, de manera que se evite ser sometido a un encarnizamiento terapéutico, derivado de los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de conservar con vida a quien carece de esperanza alguna para recuperarse (Herrera, s.f.).

En el lado opuesto, se congregan dos argumentos en contra: por un lado, el médico tiene como encomienda salvar vidas, no destruirlas y, por el otro, legalizar la eutanasia podría tener como consecuencia la comisión de actos criminales en pacientes que no han externado su consentimiento o son incapaces de expresar su deseo de morir (Herrera, s.f.).

Hoy en día, la eutanasia es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, aunque en todos, cada norma tiene un tenor distinto. Por ejemplo, en Holanda, es aplicada a enfermos con dolor insoportable e irreversible, siendo el paciente quien hace la petición a su médico; mientras que, en Bélgica, puede aplicarse a cualquier edad, mediando consentimiento paterno, y hasta en casos de sufrimiento psíquico irreversible (RVTE, 11 de febrero de 2020).

Principios éticos involucrados

Hay dos principios éticos involucrados y contrapuestos en el debate en torno a la eutanasia: el de autonomía y el de beneficencia. El principio de autonomía alude al derecho que tiene la persona de decidir sobre su cuerpo, abarcando cómo y cuándo morir. El principio de beneficencia refiere a que solo el médico posee la potestad de los tratamientos convenientes para sus pacientes (Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2017).

Además de tales principios, la visión religiosa ha sido un elemento fundamental en el debate, la cual, se fundamenta en el supuesto de que Dios, o la voluntad de este, solo puede crear y quitar la vida. Respecto a lo anterior, debe subrayarse que, en una sociedad como la nuestra, laica y plural, no pueden delinearse políticas públicas destinadas a toda la población con base en creencias religiosas compartidas solo por una parte de esta (Álvarez, 2014).

En sí, el debate no debería centrarse en si se debe legislar o no en la materia, sino en aspectos clave a definir respecto a su puesta en marcha (Álvarez, 2014; de la Cruz, 2019; Moreno y Segovia, 2019):

• ¿Qué pacientes podrían o deberían recibir ayuda para morir?
• ¿Deberían contemplarse únicamente enfermos terminales o también pacientes con una condición médica incurable?
• ¿Se podría apoyar a menores en quienes se reconozca la capacidad de decidir?
• ¿Se incluirían pacientes con demencia que aún mantienen su capacidad mental?
• ¿Además de la eutanasia, se debe considerar el suicidio médicamente asistido?
• ¿Cómo controlar estas prácticas para evitar que se cometan abusos?